El derecho de presunción de inocencia y la prisión preventiva en Lima 2021

Abstract

El nuevo Código Procesal Penal vigente a partir del año 2004 se apoyó en el Decreto Legislativo Nº 957, que presentó el fundamento procesal de la prisión preventiva. La utilización de dicha medida depende de un movimiento de elementos esenciales, que se adelantan en el artículo 268° de la mencionada norma.

La prisión preventiva debe ser aplicada de manera diferenciada para garantizar la presencia del denunciado de manera simultánea, tal como lo expresa la mayoría de la convención. La prisión preventiva no establece una pena, mucho menos una condena esperada; debe ser percibida como una proporción de la compulsión individual dentro de la interacción y su utilización debe ser notable, plenamente orientada a garantizar el preliminar y la condena.

Debemos considerar que la Constitución de 1993 consolida la regla de la presunción de honestidad, que tiene como razón de ser el alejamiento de las condenas anticipadas o esencialmente de la detención contra el imputado, el pensamiento es que sólo a través de un trato justo con el importante asegura que el denunciado será juzgado y condenado en vista de la exhibición de la prueba tanto para la acusación como para el imputado juzgado y sentenciado en base a la actuación de los medios probatorios tanto de cargo como de descargo y si se logra determinar la responsabilidad punitiva del imputado se determina una sanción. La Corte Interamericana de DDHH, señala que el principio de inocencia exige a los Estados parte a poder demostrar en juicio la culpabilidad del imputado, claro está respetando las garantías del debido proceso, por lo tanto, según las disposiciones de las normas supranacionales, el denunciado se considera libre de culpa por defecto.